"Esta medida boicotea la recuperación de la costa por parte de la Administración y su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre. Una vez más la presión de las grandes fortunas vuelven a modificar una legislación, en beneficio de unos pocos."
ECOVOZ está en contra de la modificación de la Ley de Costas que pretende aprobar el gobierno donde la principal variación consiste en autorizar la compraventa de inmuebles construidos en dominio público.
Creemos que esta Ley fue creada para defender la integridad del litoral español, sometido a una gran presión urbanística. El Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona, ahora integrado en el de Agricultura, no endureció la Ley de Costas, aprobada en 1988, sino que intentó garantizar su cumplimiento impulsando la delimitación del dominio público en el litoral. Las limitaciones a la compraventa de las viviendas en situación irregular, unas 45.000 en la Península y las islas, impulsaban los precios a la baja y, por tanto, favorecían la recuperación del dominio público por parte del Estado.
Sin embargo, la modificación propuesta por el Gobierno significa dar un paso atrás en la protección de las costas.
Con la reforma impulsada desde el gobierno, se pretende que estas concesiones residuales que no estaban en el mercado inmobiliario (por no ser objeto de compra-venta) ahora se incorporen al mismo favoreciendo la especulación de los bienes presentes en la línea de costa. Así, estas concesiones que estaban destinadas a extinguirse y ser incorporadas al dominio público marítimo-terrestre, por contra se revalorizarán y esto dificultará su recuperación antes de su vencimiento. Con la nueva normativa, la Administración se reserva un derecho de tanteo durante tres meses al expirar la concesión de 30 años, pero se arriesga a afrontar precios más altos en el momento de la expropiación, haciéndola inviable por razones presupuestarias.
Según la Constitución española, la ribera del mar y las playas son bienes del dominio público marítimo-terrestre y la Ley de Costas pretendía su incorporación al mismo transformando los derechos de propiedad, indebidamente existentes en la costa, en concesiones por treinta años, y excepcionalmente, prorrogables por otros treinta.
Desde su creación, la Ley de Costas ha sufrido numerosas modificaciones para disminuir los mínimos de protección establecidos en 1988. Cada vez que ha habido un intento de aplicación estricta, como ha ocurrido con los deslindes en los últimos años, se promueve una reforma de este tipo que disminuye la protección del litoral. Dos son las amenazas principales que están reconocidas por la propia ley: la destrucción de los ecosistemas naturales y la privatización de su uso. Las infraestructuras y el desarrollo costero han producido la pérdida del 75% de los sistemas dunares en el Mediterráneo y el 70% de los humedales costeros están alterados o degradados.
Este cambio en apariencia menor, y llevado a cabo mediante un atajo legislativo, a través de la reforma de la Ley de Navegación Marítima, puede significar, en la práctica, la convalidación de los desastres urbanísticos perpetrados desde que comenzó el auge turístico y acentuados durante la fiebre inmobiliaria de la última década. En el ánimo del Gobierno parecen haber pesado las presiones de los propietarios, muchos de ellos británicos y alemanes que han contado con el apoyo de sus embajadas.
Se da el agravante de que este proyecto de Ley no ha sido objeto de participación ninguna, ni siquiera ha pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Estos hechos vulneran el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de participación en materia de medio ambiente.
